¿SABÍAS QUE YA SON 14 LOS DELITOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS EMPRESAS CHILENAS?

En el último tiempo, en el ámbito de la responsabilidad penal de las empresas, han surgido una serie de delitos que trasladan la responsabilidad a las empresas en materias de prevención, haciendo con ello exigible el cumplimiento del deber hacer y la debida diligencia a los Directores y Ejecutivos que tienen a cargo la Administración de ésta.

En efecto la Ley 20.393 promulgada en el año 2009, obligó a las empresas a establecer Modelos de Prevención de Delitos, para atenuar o exonerarlas de responsabilidad, frente a la presencia de los siguientes delitos:

Lavado de Activos, Cohecho a empleado público nacional y extranjero y Financiamiento del terrorismo. 

Posteriormente en el año 2016, se promulgó la Ley 20.931, que agregó el delito de Receptación.

La ley 21.221, promulgada a fines del 2018, basada en la realidad de negocios incorporó modificaciones sustantivas a los delitos base ya establecidos en la legislación y también nuevos delitos de responsabilidad penal para las empresas; Negociación Incompatible, Corrupción entre privados, Apropiación Indebida y Administración Desleal.

La Ley 21.121, promulgada a comienzos del 2019 incorporaron los delitos de: Contaminación de aguas, Violación de veda de productos, Pesca ilegal de recursos del fondo marino y Procesamiento y almacenamiento ilegal de productos escasos.

Finalmente las Leyes 21.227 y 21.240 (Artículo 318 TER) de abril y junio del 2020 respectivamente, sancionan el delito de obtención fraudulenta de beneficios e Incumplimiento de aislamiento en caso de pandemia.

Dado lo anterior, estamos en un punto en que la evolución natural de los Modelos de Prevención de Delitos es el Compliance Integral, transformando a este último, en un eje de valor de la estrategia de negocio y en un sostenedor del valor reputacional tanto de la empresa como de sus ejecutivos. Un Programa de Cumplimiento Integral que no sólo considere los aspectos penales sino que incluya todos los elementos que ayuden a establecer una cultura organizacional basada en la integridad, transparencia y conducta ética en los negocios y en el actuar de sus colaboradores.

El desafío es la construcción de Programas de Compliance Integrales, desarrollados de manera colaborativa y participativa por todas las instancias de la organización y que por cierto cuenten con el liderazgo del Directorio y Gerentes, convencidos que la estrategia de negocios no se logrará sin una cultura organizacional íntegra, que considera como fin último la continuidad de la empresa y también el bienestar de sus grupos de interés.

Un Programa de Compliance Integral no es un documento escrito, que se tiene en un escritorio y se saca cuando se pregunta por él, es un sello diferenciador de la empresa que lo diseña e implementa como cultura de gestión interna, orientado a garantizar la creación de valor del negocio y a mejorar la reputación corporativa de la empresa.

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