¿Existen diferencias entre el Compliance del Sector Público y el Privado?

Para responder esa pregunta es necesario detenerse y entender la dinámica y lógica de ambos sectores: Público y Privado. Podemos iniciar este análisis con el fin lucrativo que persiguen las empresas y el fin social que caracteriza a las instituciones públicas. Mientras que, en sentido general, en el sector privado se trabaja para alcanzar solvencia económica, en el sector público se trabaja para lograr solvencia social.

Hay quienes defienden la idea de que el Compliance, al estar basado en un estándar internacional, se aplica en un sector u otro sin mayores complejidades. Ciertamente en términos metodológicos, comparten evidentes similitudes, sin embargo, la fundamentación, motivación y propósito para su adopción en el sector público es eminentemente social y es bastante estrecho el margen de actuación, como aspectos basales a la hora de trabajar una Cultura de Compliance, dado que prevenir delitos y evitar multas e inhabilidades no es en esencia el mensaje a transmitir, sino la prevención de irregularidades que lesionen un derecho o interés ciudadano y cómo esto permite una gestión pública más eficiente.

El nacimiento del compliance en el sector privado respondió a la desconfianza que existía en los negocios producto de escándalos de fraudes en los negocios, competencia desleal y corrupción corporativa. Sin embargo, en el sector público nace de la necesidad de legitimar la actuación administrativa y recuperar la confianza ciudadana en lo público, sobre todo en cómo se gasta el dinero público.

Existen algunas evidentes diferencias: la búsqueda de ganancias y generación de rentabilidad en el sector privado, en el sector público no hace sentido, y más bien se persigue la construcción de valor público como garantes de derechos fundamentales; el nivel de publicidad y transparencia exigido en lo público, se traduciría en una clara desventaja competitiva en el sector privado, por lo que su alcance no responde a estándares específicos y en sentido general, queda a discreción de las empresas; la dinámica de contratación de servicios o adquisición de bienes administrativos, donde el sector público está supeditado a publicar y llevarlos  por medio de procesos de selección abiertos y plazos determinados bajo directrices de una ley de compras públicas, como regulación externa, mientras que en el sector privado la adquisición de bienes o contratación de servicios se realiza en un contexto de auto regulación y relativa discrecionalidad. 

Sin embargo también existen similitudes, una de ellas es la promoción de un comportamiento ético como elemento común más relevante, indistintamente del sector (la ética no tiene apellidos). Para que haya corrupción debe haber un ente corrupto y uno corruptor, y de esta dinámica no escapan ni sector público, ni el privado. Estos dos sectores, en conjunto, representan ampliamente la sociedad en general y promover desde éstos el cumplimiento de la ley siempre será un ganar-ganar. Según la World Compliance Association, el compliance conduce al fortalecimiento de las instituciones públicas y a elevar la responsabilidad social de las empresas privadas. Reconociendo que la colaboración público-privada es un camino viable para el desarrollo económico de los países, la incorporación de estándares mínimos de cumplimiento legal e integridad en ambos sectores es una apuesta segura, siempre que se aplique correctamente a cada contexto

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